Corte no emitió orden de captura contra Armando Benedetti

Este lunes 6 de septiembre, el senador Armando Benedetti informó, a través de su cuenta de Twitter, que se dirigía hacia las oficinas de la Fiscalía General de la Nación, en Barranquilla, para ponerse a disposición de la Corte Suprema de Justicia.

Hay una orden de captura en mi contra, me dicen varias personas influyentes de este país. Es injusto, no he tenido garantías, pero seguiré confiando en las instituciones. Me dirijo a la Fiscalía en Barranquilla para ponerme a disposición de la Corte Suprema”, escribió Benedetti.

Además, aseguró que «como no le debo nada a nadie y confío en las instituciones, muchos me dijeron que esto iba a pasar, así que vengo tranquilo a presentarme a las autoridades para confirmar dicha información. ¡Él que nada debe nada teme!».

No obstante, tras el anuncio, la Corte Suprema de Justicia confirmó que «no existe ninguna orden de captura dictada por la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia contra ningún congresista (senador) en este momento».

Hasta el momento, no se ha dictado dicha orden de captura y la investigación en contra del senador Benedetti sigue su curso.

El senador es investigado por la alta Corte por supuesto enriquecimiento ilícito, pues habría aumentado su patrimonio de forma inexplicable en al menos 3.000 millones de pesos entre 2002 y 2018.

La Sala, a manos de la magistrada Cristina Lombana, indaga Benedetti y lo llamó a indagatoria el 11 de marzo de 2021, al señalar que el senador tiene por justificar dicho dinero, que no provendría de su actividad económica como congresista, incluyendo abonos a su cuenta, giros a Elsy Mireya Pinzón, exintegrante de su UTL, y dos pagos por dos apartamentos por 562 millones de pesos.

Según expone el auto, durante 2008 habrían ingresado a su patrimonio alrededor de 611.000 millones de pesos más de lo que reportó en sus ingresos como congresista. Para 2009, la cifra ascendió a 169 millones, mientras que para 2014, 2015 y 2016, no tendría como justificar más de 800 millones.

De ahí que el alto tribunal haya requerido información al Senado de la República y la Cámara de Representantes sobre el dinero que recibió por cuenta de su labor en el legislativo desde 2002, con el fin de revisar la caja y su declaración de renta durante los años en los que, a juicio de la Sala, registraron irregularidades.

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